SOMETIMIENTO DE LA JUSTICIA
El pliego del vicegobernador Mones Ruiz llegó al Senado con graves impugnaciones
La decisión de Alberto Rodríguez Saá es considerada como un avasallamiento del Poder Judicial. Fue cuestionado porque no cumple requisitos de la Constitución y por su falta de independencia del Gobierno.
A un mes desde que se conociera la candidatura del vicegobernador, Eduardo Mones Ruiz, como ministro del Superior Tribunal de Justicia, el Senado se encamina a tratar pliego con su postulación. Este viernes el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la ampliación del llamado a sesiones extraordinarias y ese mismo día la Cámara Alta dio ingreso al expediente enviado por el Gobierno y lo reenvió a comisión como paso previo a la audiencia pública y la sesión secreta para dar el acuerdo.
Desde que el edicto fue publicado en El Diario de la República, hubo numerosos cuestionamientos de dirigentes, instituciones y legisladores de toda la provincia. En la Justicia también hubo observaciones al nombramiento.
Se oponen a su postulación porque no acredita al menos 10 años de ejercicio profesional, un requisito que determina para los aspirantes a jueces la Constitución Provincial. La pertenencia al proyecto político rodríguezaísta deja seriamente comprometida su imparcialidad.
De todas maneras, el gobernador Alberto Rodríguez Saá dio un paso más para que se convierta en ministro del Alto Cuerpo. Y esto podría concretarse tras el tratamiento en la Cámara Alta.
El diputado nacional, diputado Claudio Poggi fue uno de los primeros en rechazar la determinación del Ejecutivo. Ese mismo 14 de febrero advirtió que “la incorporación del vicegobernador como ministro del Superior Tribunal de Justicia de San Luis profundiza la degradación institucional de la provincia y acentúa la dependencia de un poder del estado -la justicia- que hace tiempo dejó de ser independiente”.
10 días después, el presidente de de Avanzar impugnó la postulación. La presentación fue ante el Ejecutivo para que no se envíe el pliego al Senado e hizo la reserva para acudir eventualmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Entre los fundamentos del texto que firmo junto al presidente de la Asamblea partidaria y apoderado, Ricardo Endeiza, sostuvieron que Mones Ruiz no será un magistrado “independiente e imparcial”.
Previo a eso, junto a la diputada Nacional, Karina Bachey habían impulsado un repudio. Sostuvieron que el hecho “representa una absoluta gravedad institucional y política, que no podemos ni debemos naturalizar”.
En el inicio del mes, diputados de Unidos por San Luis también se opusieron la candidatura del vicegobernador y en la presentación ante la Justicia advirtieron “una posible violación a numerosas garantías constituciones, avasallamiento a la división de poderes y a la independencia del Poder Judicial”.
Antes de eso, los legisladores impulsaron una declaración en la que manifestaron su preocupación por un nuevo avance del Poder Ejecutivo. Tuvieron en cuenta que el gobernador viola el artículo 189 de la Constitución que dice: “El Poder Judicial tiene todo el imperio necesario para mantener su inviolabilidad funcional e independencia de los otros poderes del Estado”.
El Colegio de Abogados de Villa Mercedes fue otra institución que se expidió en contra. Su presidente de la entidad, Claudio Sánchez Clavero aseguró que la posible llegada de Mones Ruiz al máximo Tribunal de la Justicia puntana “afectaría al sistema republicano”.
A raíz de esto, llevaron su observación al ministerio de Gobierno, Justicia y Culto. Y entre el primer fundamento enmarcaron la “falta de independencia e incompatibilidad”. Además, mencionaron que el funcionario no cumple con el mínimo de 10 años ejerciendo la profesión.
Lo mismo sucedió desde el Colegio de Abogados en San Luis, desde donde hicieron énfasis en el último punto, vinculado a los requisitos para formar parte del Alto Cuerpo.
“Esto no es por la condición de político, pero es un vicegobernador en el cargo quien está propuesto para ministro. Somos seres humanos y todos pueden tener alguna trascendencia o aspiración política, ahora mezclarla con un mandato reciente, teniendo en cuenta que ha sido candidato a diputado hace meses, trasciende eso y no es una situación superada, obviamente esto es lo que nos preocupa, que hay una mezcla y se vería perjudicada además la imparcialidad”, explicó la presidenta, Flavia Molina Arlandi.
El abogado Francisco Guiñazú también impugnó la postulación. Fue por medio de una presentación como ciudadano donde argumentó que las funciones judiciales para las que se propone al vicegobernador, se encuentran “seriamente comprometidas en su imparcialidad y objetividad”.
Entre las observaciones, mencionó que el también presidente provisional del Senado es “una persona íntimamente vinculada al Poder Ejecutivo y al proyecto de gobierno en general”. “De hecho y hasta el momento, integra la fórmula gobernante, por lo que debo presumir que las funciones judiciales para las que se lo propone, se encuentran seriamente comprometidas en su imparcialidad y objetividad”, expuso Guiñazú.
El abogado Ricardo Bazla se constituyó en la Justicia.
El profesional de Villa Mercedes afirmo que Mones Ruiz “no reúne las condiciones de idoneidad que exige la Constitución de la Provincia” y que existe una “legítima preocupación social” sobre el “descarado atropello” que quiere llevar adelante Alberto Rodríguez Saá sobre la independencia y la imparcialidad de la Justicia puntana.
Anterior a eso, pidió a la Justicia que informe si el vicegobernador cumple con la Constitución para ser juez de la Corte.
Por otro lado, concejales de los departamentos Pueyrredón, Pedernera y Pringles de Unidos por San Luis junto a concejales radicales acreditaron su disconformidad con una presentación en la cartera de Gobierno.
El mismo camino siguieron los diputados provinciales de la Unión Cívica Radical.
Lo más reciente, surgió del Colegio de Abogados de Villa Mercedes, que por medio de un comunicado desmintió el pedido de avales para Mones Ruiz. Aclararon que no han solicitado adhesiones a la postulación.